Ramón Lora

Aprueban la ley de residuos sólidos en la República Dominicana

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SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.- El Senado de la República Dominicana aprobó en única lectura las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto que reforma la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, con lo que la iniciativa completó su trámite en el Congreso Nacional y fue convertida en ley. Ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.

La iniciativa establece que las personas jurídicas, entidades gubernamentales, patrimonios autónomos y cualquier otra entidad que reporte anualmente sus ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), deberán realizar una contribución especial obligatoria, calculada en función de sus ingresos, para crear un fondo destinado a mitigar los efectos negativos de la disposición de los residuos y fortalecer el sistema integral de gestión de desechos sólidos.

Las reformas fueron incorporadas a la agenda legislativa a solicitud del senador por Hato Mayor, Cristóbal Venerado Castillo, quien recordó que el proyecto vencía este martes.

También incorporan una categoría para empresas con ingresos de hasta RD$5 millones anuales, las cuales deberán aportar RD$5,000 al año.

La votación en el Senado concluyó con 22 votos a favor y dos en contra, luego de que la pieza fuera conocida con carácter de urgencia debido a que vencía el plazo relacionado con la liquidación de la contribución por manejo de residuos sólidos.

Durante el debate, algunos legisladores manifestaron reservas sobre la rapidez con que fue conocida la iniciativa, aunque finalmente respaldaron su aprobación.

El proyecto había sido modificado previamente por la Cámara de Diputados, que redujo algunos de los montos originalmente propuestos y reorganizó las escalas de aportes para las empresas. Tras ser acogidas esas modificaciones por el Senado, el proyecto quedó definitivamente sancionado por el Congreso.

Diversos sectores empresariales han expresado preocupación por el impacto económico de la nueva legislación, al considerar que las contribuciones podrían incrementar las cargas para el sector productivo, mientras que sus promotores sostienen que los recursos permitirán mejorar la gestión integral de los residuos sólidos y fortalecer la protección ambiental en el país.